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MECANISMO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD, REDUCCIÓN DE CARGA FINANCIERA Y OTRAS MEDIDAS DE ORDEN SOCIAL

Aprobadas por Real decreto Ley 1/2015, de 27 de febrero, vigente desde el pasado día 1 de marzo

Esta norma contiene medidas que afectan a distintos ámbitos: se mejora el acuerdo extrajudicial de pagos, se adoptan una serie de medidas fiscales para rebajar la carga fiscal de determinados colectivos, y se adoptan también medidas relativas al fomento del empleo indefinido y el empleo autónomo. También es importante la regulación de la denominada "segunda oportunidad" para los deudores.

Entre las medidas citadas, se establece lo siguiente:

 

- Exclusión de la obligación de presentar declaración en el Impuesto sobre Sociedades a aquellas entidades, cuyos ingresos totales del período impositivo no superen 50.000 euros anuales, siempre que el importe total de los ingresos correspondientes a rentas no exentas no supere 2.000 euros anuales y que todas sus rentas no exentas estén sometidas a retención.

 

- Se introduce un Mínimo exento de cotización a la Seguridad Social para favorecer la creación de empleo indefinido, con efectos de 1 de marzo de 2015, y por importe de 500 euros en la cotización empresarial por contingencias comunes a la Seguridad Social por la contratación indefinida de trabajadores. Aplicable durante un periodo de 24 meses.

 

En empresas de menos de 10 trabajadores, finalizado el periodo de 24 meses y durante los 12 meses siguientes, estarán exentas de la aplicación del tipo de cotización los primeros 250 € o lo que corresponda proporcionalmente en contratos a tiempo parcial.

 

-Se establece también una bonificación a trabajadores autónomos por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contratación. Esta bonificación es del 100 % de la cuota por contingencias comunes, por un plazo máximo de 12 meses, que resulte de aplicar a la base media que tuviera el trabajador autónomo en los 12 meses anteriores a la fecha en la que se acoja a esta medida el tipo de cotización mínimo de cotización vigente en cada momento. Ello con el cumplimiento de determinados requisitos.

 

En el documento resumen que se adjunta a esta noticia tienen la información ampliada al respecto de esta norma.

 

Respecto del denominado mecanismo de la "segunda oportunidad", lo que se introduce es la posibilidad de que el deudor, persona física, solicite el "BENEFICIO DE EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO", en caso de que el concurso finalice por liquidación pero quedando pasivo insatisfecho, por falta de bienes o por insuficiencia de la masa activa.

 

La persona debe tener la condición de deudor de buena fe, entendiéndose que concurre buena fe en el deudor siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1.º Que el concurso no haya sido declarado culpable.

2.º Que el deudor no haya sido condenado en sentencia firme por delitos contra el patrimonio, contra el orden socioeconómico, falsedad documental, contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social o contra los derechos de los trabajadores en los 10 años anteriores a la declaración de concurso. De ese modo, se detallan y amplían las circunstancias personales precisas para poder solicitar esta liberación.

3.º Que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 231 de la Ley Concursal, haya celebrado o, al menos, intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos.

4.º Que haya satisfecho en su integridad los créditos contra la masa, y los créditos concursales privilegiados y, si no hubiera intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo, al menos, el 25 por ciento del importe de los créditos concursales ordinarios. En este punto se reproduce lo previsto en el anterior artículo 187 de la Ley Concursal.

5.º Alternativamente al número anterior, esto es, al requisito relativo al pago íntegro de cierta clases de créditos, como novedad se prevé la exoneración de todas las deudas (salvo las de derecho público y por alimentos) aunque no se hayan pagado todos los créditos no exonerables (créditos contra la masa y los créditos concursales privilegiados), siempre que las deudas no exoneradas puedan ser satisfechas por el concursado dentro de los cinco años siguientes a la conclusión del concurso, conforme a un plan de pagos que ha de proponer y que debe ser autorizado por el Juez. La exoneración se extiende a los créditos que no hubieran sido comunicados, y a la parte de los créditos con garantía real que no hayan podido satisfacerse con la ejecución de la garantía. Para ello es preciso, junto al plan de pagos, que el deudor no haya obtenido este beneficio dentro de los diez últimos años, y que no haya rechazado dentro de los cuatro años anteriores a la declaración de concurso una oferta de empleo adecuada a su capacidad, si bien este último requisito no será exigible durante el año siguiente a la entrada en vigor de este Real Decreto-ley.

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