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MODIFICACIONES PARA FACILITAR EL ACCESO A LAS LICITACIONES PÚBLICAS

Se ha modificado la Ley de Contratos del Estado y se penalizará también la morosidad en las licitaciones

El pasado 5 de septiembre se publicó un Real Decreto por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas en materia de clasificación de contratistas. Esta modificación normativa se orienta hacia la disminución de las cargas administrativas para las empresas licitadoras y hacia el fomento de la competitividad, permitiendo un acceso más fácil a los contratos públicos a PYMEs y emprendedores.

Estos cambios, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones transitorias del Real Decreto, entrarán en vigor el 5 de noviembre de 2015.

 

Según nos indica la Confederación Granadina de Empresarios, las principales novedades que se contienen en dicho Real Decreto son las siguientes:

- Se continúa con la clasificación para los contratistas de obras pero la clasificación de contratistas de servicios viene a convertirse en opcional para las empresas. A partir de este momento las empresas de servicios podrán optar para acreditar su solvencia económica-financiera y técnica-profesional entre acreditar la clasificación que se exija o aportar los documentos concretos (balances o cuentas anuales, relación de contratos o certificados, relaciones de personal y medios materiales, etc.) que requiera cada pliego para demostrar esta circunstancia.


- Para la clasificación se limita el número máximo de certificados que se pueden aportar para acreditar la solvencia; ahora sólo se admitirán seis certificados en obras y cuatro en servicios.


- Se amplía el horizonte de la experiencia que se computará para cada una de las empresas, pasando de cinco a diez años en obras y de tres a cinco en servicios.


- Se admite y se regula el procedimiento para valorar la experiencia de empresas extranjeras participadas por empresas españolas, variando el porcentaje del contrato que puede atribuirse a la sociedad española en función de si se tiene o no el control de la filial extranjera.


- Desaparecen en la clasificación de servicios muchos subgrupos, bien porque no se utilizaban en las licitaciones, bien que habitualmente tales trabajos son objeto de un contrato de gestión o de concesión de servicio público.


- Se modifican los valores de las categorías así como su denominación que pasa de utilizar letras minúsculas a usar números. De esta manera se añade una categoría más a los contratos de obras.

–categoría 6 para cuantías superiores a 5.000.000 euros- y otra para los contratos de servicios

–categoría 5 para contratos de más de 1.200.000 euros-.

 

- Se exige en cualquier caso disponer de medios personales, materiales, organizativos y técnicos para ejecutar los trabajos en los que se solicite o se tenga clasificación.


- La clasificación actual seguirá vigente y por tanto se podrá acreditar la solvencia de manera indistinta por la nueva o por la antigua clasificación hasta el 1 de enero del año 2020.


Asimismo, después de años de reticencias, el Consejo de Ministros ha aprobado recientemente un Real Decreto Ley de medidas para los empleados públicos, créditos extraordinarios y otras acciones de estímulo a la economía, que se publicó en el BOE del sábado 12 de septiembre.


La importancia de este nuevo texto normativo es que, con el objetivo de profundizar en estas reformas estructurales de erradicación de la morosidad y coadyuvar al adecuado cumplimiento de los plazos de pago establecidos por la citada Directiva europea, se modifica la Ley de contratos del sector público para incluir el periodo medio de pago a proveedores del empresario como elemento acreditativo de su solvencia económica y financiera cuando concurre a un proceso de contratación pública. Es decir, se tendrá en cuenta como criterio de adjudicación el periodo medio con el que el contratista paga a sus proveedores.

No obstante, seguimos esperando -fundamentalmente en sectores como el nuestro- que el Ministerio de Hacienda implante un régimen sancionador para los morosos privados, compromiso que abandonó por las presiones recibidas.

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